El Consejo de Ministros aprobará hoy la oferta de empleo público para 2016, que supondrá la convocatoria de 6.307 nuevas plazas y otras 3.428 de promoción interna.
Conjuntamente, el Gobierno aprobará las plazas para la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército, y la Administración de Justicia, aunque en estas áreas, al no haber negociación con los sindicatos, se desconocía oficialmente su número total.
Sin embargo, esta mañana el ministro del Interior ha afirmado en una entrevista que se van a convocar 2.740 plazas para la Policía Nacional y 1.740 más 300 a nivel interno para la Guardia Civil. Es decir, 700 plazas menos en el segundo cuerpo respecto al primero, algo que independientemente de las tasas de reposición de cada Cuerpo, debe ser corregido puesto que para aumentar el número de Generales en la Guardia Civil no se tienen en cuenta estas “tasas de reposición”.
En primer lugar, desde AUGC queremos expresar una vez más nuestra decepción por el escaso número de plazas convocadas para la Guardia Civil. Se trata de un problema que además repercute en los propios guardias civiles que siguen esperando que se resuelvan sus solicitudes de traslado a destinos cercanos a sus lugares de origen.
Hablamos de un problema que no sólo afecta a los trabajadores del Cuerpo, sino también, y de igual manera, a sus familiares, que ante la falta de una renovación adecuada de los medios humanos en la Guardia Civil sufren el desarraigo de tener que trabajar a cientos de kilómetros de sus seres queridos durante un tiempo desesperantemente indefinido.
Por otra parte, debemos denunciar una vez más la falta de interlocución válida que padecemos los guardias civiles a la hora de reivindicar nuestros derechos sociolaborales. La imposibilidad de formar sindicatos, una herramienta fundamental para que los trabajadores se defiendan de los posibles abusos de sus empleadores, nos sigue manteniendo en un plano de absoluta inferioridad en relación a otros cuerpos policiales españoles que sí cuentan con este derecho.
Mientras los guardias civiles no puedan sindicarse, como cualquier ciudadano, seguiremos sintiéndonos ciudadanos de segunda. La democracia debe ser para todos, y ningún lobby puede imponer a un determinado colectivo unas condiciones inferiores en sus libertades y en sus derechos.
