Los cuarteles de la Guardia Civil se resisten a dejar entrar la democracia, y especialmente en la provincia de Cádiz, donde los mandos de la Guardia Civil no digieren bien los cambios en el Cuerpo, aunque estos sean todavía lentos. Y es que el desarrollo del derecho de asociación profesional no es tolerado por igual en todas las provincias.
Así, el 30 de mayo le era notificada a dos guardias civiles de Arcos de la Frontera, la firmeza de la sanción impuesta por sus mandos, y que se suman a los otros dos expedientes que ya fueron notificados a otros dos compañeros de Ubrique, por los cuales todos pierden su destino después de, en algunos casos, llevar en su puesto más de veinte años. La sanción implica que cesan en su destino y deben solicitar algunas de las vacantes que anualmente se publican y en su defecto, serían destinados con carácter forzoso allá donde la Dirección General de la Guardia Civil estime oportuno; esto es, a cualquier punto del país.
Ambas sanciones se produjeron de forma similar y con un origen común, pero en circunstancias separadas que pasamos a explicar. En diciembre de 2014 esta asociación publicó una nota de prensa que fue ampliamente difundida en la que se detallaba la situación de acoso laboral existente en los acuartelamientos de la sierra de Cádiz, y concretamente en Arcos de la Frontera y Ubrique.
Aquella nota de prensa propició que dos mandos de las citadas unidades, que se habían visto reflejados en su contenido interpusieran por separado sendas demandas de rectificación contra AUGC. Cuando se celebraron las vistas por ambos procedimientos, numerosos guardias civiles, de manera absolutamente voluntaria, mostraron su intención de aportar sus testimonios ante el juez para avalar las tesis expuestas por AUGC en la nota de prensa.
Después de su participación como testigos en los juicios, en los que como todos los ciudadanos sabemos, estamos obligados a decir la verdad, ambos mandos siguiendo un guion exacto, elevaron partes disciplinarios contra los ahora cuatro agentes desterrados, por sencillamente ir en contra de sus intereses absolutamente particulares y privados de cada uno.
AUGC ha vivido desde entonces con la incredulidad de que esta historia se transformara en una sanción disciplinaria. Contra toda lógica, no puede entenderse que se exijan responsabilidades a quienes actúan como testigos ante la autoridad judicial y están obligados a decir la verdad. Nos parece gravísimo utilizar un régimen disciplinario como herramienta de venganza particular, por haber declarado en sede judicial y bajo juramento, en contra de los mandos que ejercían de parte en sendos procesos civiles.
Nos parece deleznable el papel que ha hecho la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz en estos procedimientos disciplinarios, y por los que el instructor de los mismos, el Comandante Rubén Rodríguez Menéndez, había solicitado la sanción más severa posible para lo que ellos llaman una falta grave. Y es que en esta ocasión se ha querido dar una lección de poder y un mensaje de sumisión a la voz discordante y a la entidad que la ejerce con mayor firmeza, que no es otra que esta Asociación Unificada de Guardias Civiles. Y para ello no han dudado en acabar con la vida laboral de cuatro guardias civiles que, junto a sus familias, van a pagar las consecuencias de lo que nos parece un atropello infame e intolerable a los derechos de los trabajadores.
AUGC quiere expresar el total apoyo a nuestros compañeros y pedimos en este momento que se sumen todas las fuerzas sociales para ayudar en la libertad, la justicia y en el reconocimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores de la Guardia Civil.
