La Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil tenía todo calculado. Desinfectar, desinsectar, desratizar y limpiar los 1.103.495 metros cuadrados de los inmuebles que la Dirección General tiene distribuidos por el territorio supondría un coste de 64.033.984,18 euros, cantidad sin IVA. Según consta en la documentación oficial del área, la empresa que pudiera comprometerse a ello, siempre y cuando no superase los 77.097.879,19 euros -con impuestos-, sería la adjudicataria del contrato.
La Guardia Civil elaboró ese presupuesto base para que los licitadores hicieran sus ofertas sin sobrepasarlo. Previamente, la Institución sometió a estudio los salarios del personal que presta estos servicios, tomando las previsiones del Convenio Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales, así como los Convenios Colectivos Provinciales y los de las Ciudades y Comunidades Autónomas. En el cálculo para fijar el coste máximo también se tuvo en consideración la cuota de Seguridad Social de cada trabajador y se añadió una estimación del gasto de material y maquinaria. El error llegó cuando la Dirección General de la Guardia Civil formalizó el contrato con una empresa que ofertó todos los servicios requeridos por un coste muy inferior al cuantificado.
Sobre el papel, 2.552 inmuebles de la Dirección General de la Guardia Civil quedarían desratizados y fumigados, cualquier plaga controlada, las instalaciones de canes y equinos higienizadas, y las viviendas, edificios y ventanas estarían limpios. Todo por 49.724.950,79 euros sin impuestos. Una oferta muy por debajo de los 64.033.984,18 euros sin IVA fijados por la Jefatura de Asuntos Económicos. Concretamente, 14.309 millones de euros menos. Al ser la empresa más barata, se procedió a formalizar los cuatro contratos que agrupaban a las dependencias según su distribución geográfica. Meses más tarde, el Teniente Coronel Jefe interino del Servicio de Abastecimiento de la Guardia Civil comenzó a recibir comunicaciones de las Unidades. La adjudicataria no estaba cumpliendo en ciertos territorios con los servicios comprometidos.
El Jefe responsable de la Guardia Civil leyó que, desde el inicio del contrato, la empresa de limpieza no había prestado servicio en las dependencias sevillanas de Navas de la Concepción ni en las de Sanlúcar la Mayor. Tampoco en las instalaciones oficiales de Oria, en Almería, o en la de Callosa de Ensarria, Alicante. Los informes del Teniente Coronel registran que no fueron las únicas. Por otro lado, también figuran comunicaciones donde le indicaban que no había limpieza los fines de semana, incurriendo en un incumplimiento del acuerdo. Algunos de estos casos tuvieron lugar en las perreras del Servicio Cinológico de la Guardia Civil en Cádiz, en la Compañía Fiscal de Algeciras, o en las dependencias del Puerto de Motril (Granada). Otras Unidades le informaron de que la limpieza se estaba realizando tan solo “de forma esporádica”, como en las instalaciones del GEAS de Málaga.
Ante esta situación, la Dirección General de la Guardia Civil acordó en mayo imponer a la empresa un primer apercibimiento y 22.302,82 euros en concepto de penalidades debido al “incumplimiento parcial o defectuoso de la prestación” de uno de los cuatro contratos. En junio, la empresa de limpieza recibió otro apercibimiento y se le impuso 20.949,92 euros de penalidad por infringir lo acordado en otros dos contratos. Un monto que asciende hasta los 43.252,74 euros.
Rebajar los costes directos -personal y productos de limpieza- repercute sobre la viabilidad del servicio, pero es llamativo que la oferta total de la empresa adjudicataria fuera inferior al importe de los sueldos y cotizaciones de los trabajadores
Esta es la historia de una de las gestiones de las que la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha podido ser conocedora. La Dirección General tenía calculado el precio aproximado de mercado, pero apostó por la oferta más baja sin detectar que era inviable. Es incomprensible que una empresa, sea del sector que sea, oferte unos servicios a un precio tan rebajado que le generaría pérdidas.
Cumplir lo requerido en una licitación de tales características lleva aparejado grandes costes directos por el personal laboral -nóminas, seguridad social, altas y bajas, incidencias…-, pero también en maquinaria, bienes de equipo y en los productos para la limpieza. Disminuir ampliamente estos costes directos es la única forma de presentar un presupuesto tan inferior con respecto al máximo fijado por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Inevitablemente, el recorte de personal, salarios, o productos de limpieza repercute directamente sobre el servicio. Y así ha ocurrido. La empresa no ha podido cumplir con lo acordado en numerosos Puestos de la Guardia Civil.
La reducción del gasto que hizo la empresa quedó asumida en la parte más importante, ya que los costes indirectos tan solo incluyen los desplazamientos del director del contrato y sus coordinadores técnicos, los gastos derivados de la gestión y administración del contrato y los de carácter financiero. Tampoco deja de resultar llamativo que, a pesar de todos los cálculos, la Dirección General de la Guardia Civil no haya desconfiado al ver que el contrato total de limpieza con la empresa adjudicataria costaría menos que los sueldos y la cotización social del personal.
El asunto fue expuesto por AUGC en la última Comisión de Riesgos Laborales y se remitió un informe escrito al Consejo de la Guardia Civil. Esta situación repercute negativamente sobre los agentes, que se están viendo en la tesitura de tener que limpiar ellos mismos las dependencias oficiales por cuestión de salubridad. Los perjudicados por las gestiones de la Dirección General siempre son los trabajadores. Anteriormente, la prestación del servicio de limpieza estaba centralizado por la Secretaría de Estado de Seguridad, de manera recurrente, para los cuerpos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Era un expediente unificado, pero La Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad decidió poner fin a la contratación conjunta debido a “la poca eficacia económica en aras de lograr unas mejoras contractuales”.
Al menos por el lado de la Dirección General de la Guardia Civil estas han sido esas “mejoras contractuales”: Una oferta con un coste tan bajo que ha imposibilitado el cumplimiento del servicio. Las consecuencias se pueden ver en los Sectores de Tráfico de Galicia, Asturias y Cantabria, donde hay aseos cerrados y sin limpieza, o en la prisión de Albocàsser, Castellón, donde los compañeros llevan un año limpiando las dependencias y comprando los productos. Esto ejemplifica unas circunstancias que cada vez están generando mayor malestar y quejas.
