Mientras el resto de la sociedad española avanza en derechos y seguridad, la Guardia Civil permanece anclada en el pasado. Hoy se cumplen 30 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, un hito democrático que, incomprensiblemente, frena en seco ante los muros de nuestros cuarteles.
La realidad es cruda: tenemos una estructura militarizada que se resiste a la modernización y una clase política que, sistemáticamente, decide mirar hacia otro lado. Pero en AUGC lo tenemos claro: un guardia civil inseguro no puede garantizar una seguridad ciudadana eficaz.
Europa: El único garante de nuestros derechos
La historia de la prevención en el Cuerpo no es una historia de voluntad política, sino de sentencias judiciales forzadas por AUGC. La Dirección General nunca ha regalado nada; todo se ha ganado en los tribunales:
- 2006: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia histórica, aclarando que la Directiva Europea es de plena aplicación a la Guardia Civil. El mensaje fue claro: el uniforme no anula los derechos humanos básicos ni la seguridad física del trabajador, salvo en situaciones de grave riesgo catastrófico.
- 2010: Nuevamente el TJUE tuvo que intervenir para señalar que España vulneraba la normativa de tiempos de trabajo y descanso.
- Presión de la Comisión Europea: Tras las constantes denuncias de AUGC, Europa obligó a la creación de Oficinas de Riesgos Laborales, unas unidades que la Dirección General no tenía intención alguna de instaurar. Igualmente, en 2014 la Guardia Civil modificó la regulación de la jornada, nuevamente requerida por Europa tras denuncia de AUGC.
La realidad actual: Oficinas fantasma y desprotección
A pesar de los varapalos europeos, "ha llovido mucho" pero poco ha calado. La Administración ha optado por el cumplimiento estético pero no efectivo.
A día de hoy, nos enfrentamos a un escenario alarmante:
- Oficinas vacías: Tenemos órganos de prevención sin personal cualificado suficiente, porque la propia Dirección General desincentiva cubrir esas plazas.
- Instalaciones sin evaluar: Agentes trabajando en puestos que no han pasado las inspecciones de seguridad mínimas.
- Seguridad improvisada: Unidades enteras que carecen de planes de evacuación ante emergencias.
Lo más grave es la actitud de la cadena de mando, que continúa repitiendo el mantra de que "la normativa no aplica", contraviniendo directamente la jurisprudencia europea. Y lo que es peor: una Directora General que consiente este atropello a los derechos de los trabajadores y, por extensión, a la calidad del servicio público.
AUGC pasa a la acción: Nueva campaña de denuncias
No vamos a permitir que la Guardia Civil siga funcionando como un "Estado dentro del Estado", una isla de opacidad donde las normas españolas no aplican. Por ello, AUGC anuncia el inicio de una contundente campaña de denuncias, tanto a nivel nacional como ante las instituciones europeas.
Denunciaremos cada falta de evaluación de riesgos, la insuficiencia de personal y la negación sistemática del papel de los representantes de los trabajadores.
La seguridad de España depende de la seguridad de sus guardias civiles. No pedimos privilegios, pedimos cumplir la Ley. 30 años de espera son suficientes.
