La Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) ha confirmado su intención de suprimir la especialidad de Prevención de Riesgos Laborales (PRL). Esta decisión, tomada sin motivación alguna, supone una desprofesionalización flagrante de la protección laboral de los y las guardias civiles. Es inaceptable que se excuse esta medida en una supuesta baja demanda, cuando en especialidades como Tráfico apenas se cubren el 14% de las plazas y nadie plantea su eliminación.
Los datos son alarmantes y reflejan una gestión negligente: de los 13.760 puestos de trabajo, el 16,87% sigue sin evaluación de riesgos después de tres décadas. Además, existen 300 centros de trabajo (el 14,48%) que carecen de medidas de emergencia básicas. En lugar de reforzar el personal para solucionar este caos, la Administración opta por eliminar la especialidad, relegando las funciones a una futura Orden General que no ofrece garantías de exclusividad ni de rigor técnico.
Consideramos que supeditar esta labor a desarrollos normativos posteriores genera una inseguridad jurídica inasumible, ya que el personal podría ser requerido para funciones ajenas a la prevención al no existir un blindaje por escrito.
AUGC ha propuesto:
- Reducción de la servidumbre actual a dos años y eliminación de la misma si se accede a una nueva especialidad.
- Aumento del complemento específico para incentivar la ocupación de vacantes.
- Acceso de personal en reserva con titulación civil cualificada para desempeñar funciones técnica.
- Apertura de puestos en oficinas de riesgos a personal con titulación adecuada, sin que el empleo o escala sea un obstáculo, primando la capacidad técnica.
Asimismo, hemos alertado sobre los cambios en Criminalística, donde es vital preservar la alta cualificación técnica y la tecnificación de los puestos de responsabilidad frente a criterios puramente administrativos.
Ahora la norma ya pasa a la Comisión de Nomativa donde continuará su tramitación hacia el Pleno del Consejo.
